Cuando se está en la recta final para la finalización del contrato entre el Gobierno y la firma Thomas Greg & Sons que elabora la libreta de pasaportes, la Cancillería decidió reanudar la licitación para un contrato similar en cuantía de $600 millones, la cual estaba suspendida.

El Ministerio de Relaciones Exteriores citó a una audiencia pública la tarde de este martes, y se podría dar por terminada el tira y afloje por la millonaria contratación.

Es que fueron varios los esfuerzos por suspender esta licitación para replantear los pliegos.

Entre estos está una acción popular presentada por el abogado Esteban Puyo Posada y una denuncia Penal disciplinaria presentada por Hernando Perea.

Puyo interpuso la acción popular el 14 de julio de 2023 en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores, en esta asegura que las condiciones de la Licitación Pública 001 de 2023 vulneran los derechos colectivos a la Moralidad Administrativa, al Patrimonio Público y a la Libre Competencia Económica.

"La acción se presentó como respuesta a los requisitos establecidos en el proceso que hacían imposible la participación de proponentes diferentes al contratista actual, hecho que resultó evidente el pasado 12 de julio, cuándo dicho contratista resultó ser el único proponente que entregó las muestras exigidas como requisito habilitante", explicó Puyo.

En tanto la denuncia de Hernando Perea fue a miembros de la Cancillería y de la oficina de Migración.

Argumentó que el Ministerio de Relaciones Exteriores contrató a la Organización de Aviación Civil Internacional para la asesoría de los requisitos de los pliegos de la licitación.

La cartera aseguró que los requisitos de la licitación habían sido establecidos por la Organización de Aviación.

Perea comparó el documento que resultó de la consultoría que contrató el Ministerio con los pliegos finales de la licitación. 

En su denuncia alega que la Cancillería no acató las recomendaciones en temas como el periodo de tiempo de implementación, la creación de un tercer chip y la planta de contingencia en Norteamérica.

La Procuraduría y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República también manifestaron su preocupación por las circunstancias de la licitación.

De hecho, la Casa de Nariño le pidió explicaciones a la Cancillería sobre los nuevos pliegos y también solicitó una garantía de pluralidad de oferentes.

El Comité tenía hasta el primero de agosto para adjudicar o declarar desierto el proceso, pero ahora la decisión fue suspenderlo hasta ayer, cuando se reanudó.